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Universidad Autónoma de Baja California: La autonomía vive en democracia, muere en oligarquía

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Daniel Solorio Ramírez
Facultad de Derecho, UABC Mexicali
La Jornada Baja California, abril 20, 2015

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Introducción.

La necesidad de una reforma democratizadora ha sido negada sistemáticamente por las esferas del poder universitario, pero en el reciente proceso sucesorio el candidato a rector Ricardo Dagnino Moreno, secretario general del gobierno de la UABC por cuatro años, reconoció expresamente la necesidad de ese cambio. Su apertura le ganó el voto de tres de los once miembros de la Junta de gobierno: Rosa Imelda Rojas, Luis Lloréns y Margarito Quintero votaron por hacerlo rector. No obstante, el candidato que con sus ocho votos sí es rector, Juan Manuel Ocegueda, ha guardado silencio. Miles de universitarios esperamos que mande señales de no vivir atrapado por los intereses creados.

Nuestra hueca autonomía.

Si en una institución cualquiera las decisiones básicas las toma una sola persona se configura una autocracia. Si el poder es acaparado por un pequeño grupo obtiene provechos ilícitos, tenemos una oligarquía. De ambas sufre UABC. Somos una universidad pueblerina cuyos gobernantes suelen tener delirios de grandeza. Su tradicional discurso grandilocuente, ajeno a la vida de los estudiantes, profesores e investigadores, no es meramente una mala práctica, sino el producto de la antidemocracia inoculada en la legalidad vigente. No es casual que la rectoría levanta a toda asta las bandera de la autonomía, pero sólo cuando se le exigen cuentas del dinero universitario, en lo que se le unen ruidosamente la Junta de Gobierno y el Patronato Universitario. Pero más allá de los dineros la autonomía permanece bajo llave.

Sin experiencia de autogobierno.

Nuestra comunidad universitaria desconoce el autogobierno. Primero el gobernador en turno quitaba y ponía rectores y todas las demás autoridades emanaban del mismo grupo. Luego los mandones fueron dos ex-rectores, Héctor Manuel Gallego y Rubén Castro Bojórquez. Y ya en los albores del siglo XXI apareció el inefable Alejandro Mungaray. Hombre inteligente, audaz, observó con lupa la vulnerabilidad de la institución y “ a la chita callando” se apoderó de las riendas para explotarla por décadas. Experto en doblegar voluntades, Alejandro Mungaray lleva en su cartera casi todos los votos de la Junta de Gobierno. Le admiro mucho. ¿Cómo pudo lograrlo ?

Urge una ley amiga de la democracia.

Las recientes crisis en la transferencia del poder universitario han evidenciado    que nuestra Ley Orgánica (1957) no tiene espacio para un modelo democrático que conforme al artículo 3º Constitucional, tenga como base : “…los resultados del progreso científico, que luche contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios… y que vea en la democracia un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo…” por lo que debemos sustituirla por otra que permita encauzar la multiplicidad de intereses que genera la convivencia universitaria. Si como bien se sabe, el conocimiento científico es subversivo; si en la ciencia toda verdad es provisional y sólo es respetable en tanto aparece otra, mejor argumentada, es claro que necesitamos un espacio apto para el debate político y científico civilizado, sereno, pacífico, productivo. Tenerlo requiere democratizar las esferas del gobierno universitario.

Reconocernos comunidad política.

En aras de una estabilidad artificiosa nuestros gobernantes han negado por años la naturaleza política de la Universidad. Han combatido la libre expresión bajo la fallida doctrina según la cual “…los estudiantes a estudiar y los profesores a enseñar…” y han sembrado el dislate de que política y academia son incompatibles. Reservaron la política para la clase gobernante, cuyas transacciones insanas treparon a la cúpula del poder a un reducido grupo privilegiado que aprendió a sacar provechos ilícitos de todo tipo.

Coordinar más y mandar menos.

La tarea principal del gobierno universitario es coordinar con eficiencia un quehacer siempre cargado de debates. Si incumple, la autonomía languidece. Se le manipula para enquistar pequeñas oligarquías. Los rectores caen en las redes del poder. Pierden todo contacto con el mundo universitario. Sus interlocutores cotidianos son los secretarios del presidente, el gobernador y los empresarios acaudalados, disfrazados de grandes benefactores. Rendidos a las presiones del poder pulverizan la autonomía y ponen el trabajo académico cada vez más al servicio de los círculos del poder económico y cada vez menos del conocimiento científico que nuestro pueblo necesita para satisfacer sus múltiples carencias.

Eligiendo gobernantes en UABC:

Es anti-educativo que una comunidad de 68,000 personas sea gobernada por un rector votado por sólo once, que a su vez fueron votadas por un Consejo Universitario manipulado por el propio rector. Para romper este círculo vicioso propongo la desaparición de nuestra tenebrosa Junta de gobierno; propongo elegir rector en votación directa y secreta de todos los académicos con al menos cinco años de servicios a la UABC (actualmente unos 3,000), y que los directores sean votados por todos los académicos que tengan ese mismo tiempo de servicios en su unidad académica. Y en cuanto al Consejo Universitario, cuyos miembros son supuestamente electos en hipotéticas asambleas multitudinarias de imposible realización, propongo elegirlos por el voto universal y secreto de sus representados. Acabaríamos con el arraigado vicio de que los directores eligen a los consejeros, invalidando toda representatividad del Consejo Universitario.

Un gobierno de académicos.

Si queremos una universidad gobernada por sus académicos, ninguno debe permanecer largos períodos en el gobierno de la institución. Hago mía la “filosofía del soldado raso,” explicada por E. Backoff (Observatorio Académico Universitario http://red-academica.net/observatorioacademico) porque este vicio ha privado a la vida académica de buenos profesores que olvidan las aulas para permanecer en las esferas del poder por muchos años. Allá pagan mucho mejor.

Sacar de la precariedad a nuestro personal académico.

La estabilidad del personal académico es una prioridad. De nuestros aproximadamente seis mil académicos, sólo un 25 % tiene definitividad. El otro 75% trabaja en la precariedad. Muchos tienen 10, 20 o más años de servicios, pero dos veces por año viven la angustia de no ser re-contratados por los directores, que suelen rodearse de amigos y cómplices. Una nueva Ley Orgánica debe estabilizar a los académicos sin desdoro de su actualización profesional. Muchas otras reformas hacen falta, que resulten de una debate democrático. No sabemos, aprenderemos. Para eso es la universidad. No estamos condenados a vivir en la oligarquía. El rector Ocegueda tiene una tarea muy interesante. Para cumplirla necesita independencia. Nadie sabe si la tiene.

 

 


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